La Comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe quedó bajo cuestionamiento por el acceso a la información vinculada a la designación de jueces, fiscales y defensores públicos. Legisladores que no integran ese cuerpo sostienen que deben participar de las Asambleas Legislativas sin conocer previamente los antecedentes de los pliegos que deben aprobar o rechazar.

La Comisión de Acuerdos está integrada por representantes del Senado y de la Cámara de Diputados y tiene la función de analizar las propuestas enviadas por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos en el Poder Judicial. Sin embargo, no todos los bloques parlamentarios forman parte de ese órgano, lo que genera cuestionamientos sobre el acceso igualitario a la información.

Según el planteo realizado, se solicitaron formalmente los expedientes y antecedentes de los postulantes, se presentaron notas y también un proyecto para modificar el reglamento de la comisión con el objetivo de garantizar que toda la documentación sea entregada antes de cada Asamblea Legislativa. De acuerdo con la denuncia, ninguno de esos pedidos obtuvo respuesta.

Ante esa situación, decidí presentar una denuncia en la Justicia para reclamar el acceso a la información pública y garantizar que todos los legisladores puedan ejercer su función con los mismos elementos al momento de votar.

El debate gira en torno a un principio institucional básico: ningún legislador debería verse obligado a aprobar o rechazar la designación de un juez, un fiscal o un defensor público sin conocer previamente sus antecedentes. La transparencia en los procesos legislativos constituye una garantía para fortalecer las instituciones y preservar la confianza en el funcionamiento del Poder Judicial.