Presenté un proyecto de reforma electoral para prohibir que las empresas y las personas jurídicas financien campañas políticas. Estoy convencido de que una democracia sana necesita reglas claras que garanticen que quienes lleguen a un cargo público respondan únicamente a los ciudadanos y no a quienes financiaron su campaña.

Cuando una empresa aporta dinero a un candidato, difícilmente lo haga por simpatía política. En la mayoría de los casos espera una devolución futura a través de contratos, adjudicaciones de obra pública o distintos servicios vinculados al Estado. Ese mecanismo es el que históricamente dio origen a lo que conocemos como la patria contratista y constituye una de las principales puertas de entrada de la corrupción.

Nuestro proyecto también busca impedir que dinero proveniente de actividades ilícitas pueda ingresar al financiamiento de la política. En Santa Fe tenemos un antecedente que demuestra por qué este debate ya no puede seguir postergándose. En la causa por juego clandestino, Leonardo Peiti declaró ante la Justicia que se entregaron 200.000 dólares como coima destinados a una campaña electoral del peronismo. Más allá de las responsabilidades individuales que investiga la Justicia, ese caso expuso la necesidad de fortalecer los controles sobre el origen de los fondos que reciben las campañas.

Por eso proponemos prohibir los aportes de empresas, personas jurídicas y, especialmente, de aquellas firmas que mantienen contratos o prestan servicios al Estado. Quien financia una campaña no puede tener luego una posición privilegiada para hacer negocios con los recursos de todos los santafesinos.

La reforma electoral no solo debe garantizar una representación democrática más amplia. También debe asegurar campañas transparentes, prevenir el lavado de dinero y cerrar uno de los principales mecanismos que alimentan la corrupción política. Si queremos recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones, tenemos que empezar por garantizar que la política no dependa del dinero de quienes después esperan cobrar favores desde el Estado.