La Defensoría del Pueblo tiene una función central: defender a los ciudadanos frente a los abusos de la Administración Pública Provincial.

El proyecto propone que el Defensor del Pueblo sea designado por la primera minoría de la Asamblea Legislativa, con acuerdo de la propia Asamblea.

También plantea que su mandato coincida con el de la Asamblea Legislativa y que no pueda ser reelegido.

La iniciativa busca evitar que quien debe controlar al Poder Ejecutivo tenga una dependencia política con el poder que debe controlar.

Además, los defensores adjuntos serían designados por la Asamblea Legislativa y tendrían las mismas causales y procedimientos de remoción que el Defensor del Pueblo.

El proyecto sostiene una idea central: el poder controlado no debería elegir a quien tiene la responsabilidad de controlarlo.